Hasta ahora, el esfuerzo por derrotar el desempleo, la pobreza y la exclusión social ha sido realizado fundamentalmente por el Estado.
Las micromisiones sociales pueden ser una oportunidad para que el sector privado concrete su filosofía de responsabilidad social y -guiado por un elemental principio de reciprocidad-, retribuya así la voluntad que ha mostrado el Gobierno Bolivariano de resolver los problemas que afectan el desempeño empresarial.
Cuando las políticas centrales de un gobierno muestran sus límites para mejorar los indicadores sociales, avanzar impone como condición una actuación mucho más focalizada. Es aquí donde la empresa privada puede dar su gran contribución, al convertirse en el nuevo escenario para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de las misiones sociales. Se trata ahora de descentralizar y desconcentrar, de ubicar y focalizar para reducir la pobreza a tasas cada vez más cercanas a los objetivos y metas que todos aspiramos.
La incorporación de la empresa privada a las micromisiones sociales ayudará a evolucionar de la política social compensatoria hacia un nuevo enfoque orientado a la inclusión productiva. La política social compensatoria no ofreció antes ni podrá ofrecer nunca una solución definitiva al problema del desempleo y la pobreza. Sus medidas, lejos de erradicar las causas de esta problemática, más bien las prolonga en el tiempo, al atizar la mentalidad rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo productivo.
En el Socialismo del siglo XX, la figura del empresario fue satanizada y reducida a la del explotador del trabajo ajeno y depredador del ambiente. Con el argumento de conjurar cualquier amenaza de restauración capitalista, se prohibió y penalizó el emprendimiento particular y colectivo, inhibiendo así la creación de empresas productivas. Esto originó una permanente escasez de los bienes y servicios más elementales para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población.
La disposición que ha mostrado el presidente Nicolás Maduro de atender los problemas que afectan al sector privado, representa una oportunidad para que los empresarios demuestren que pueden constituirse en una poderosa fuerza motriz de las grandes transformaciones sociales que el país necesita.
Si el sector privado quiere convencer al país de su aporte al desarrollo humano integral, tiene que demostrarlo con hechos. Dicho más claramente, cuando las empresas puedan izar la bandera de la Micromisión Ribas porque ayudaron a sus trabajadores a alcanzar el bachillerato completo; cuando se ganen el estandarte de la Micromisión Sucre porque estimularon a los trabajadores a retomar sus estudios de educación superior; cuando puedan clavar la bandera de la Micromisión Vivienda porque toda su nómina tiene casa propia; cuando ofrezcan un espacio para instalar un Mercal y allí los trabajadores puedan adquirir, a precios solidarios, la comida que necesitan poner todos los días en la mesa de su casa; ese día la empresa privada, sin tener que renunciar a sus objetivos de ganancia y rentabilidad, empezará a ser vista como un factor comprometido con la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de la sociedad.
A diferencia de los neoliberales que nunca pudieron demostrar que una buena política económica es la mejor política social, el Gobierno Bolivariano ha demostrado que es al revés: una buena política social -al mejorar las condiciones de vida y minimizar los conflictos laborales-, termina siendo la mejor política económica. De allí la importancia que reviste para el propio sector empresarial contribuir a mejorar la eficiencia de la política social, abriendo sus espacios para desplegar las micromisiones sociales.
Cuando las políticas centrales de un gobierno muestran sus límites para mejorar los indicadores sociales, avanzar impone como condición una actuación mucho más focalizada. Es aquí donde la empresa privada puede dar su gran contribución, al convertirse en el nuevo escenario para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de las misiones sociales. Se trata ahora de descentralizar y desconcentrar, de ubicar y focalizar para reducir la pobreza a tasas cada vez más cercanas a los objetivos y metas que todos aspiramos.
La incorporación de la empresa privada a las micromisiones sociales ayudará a evolucionar de la política social compensatoria hacia un nuevo enfoque orientado a la inclusión productiva. La política social compensatoria no ofreció antes ni podrá ofrecer nunca una solución definitiva al problema del desempleo y la pobreza. Sus medidas, lejos de erradicar las causas de esta problemática, más bien las prolonga en el tiempo, al atizar la mentalidad rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo productivo.
Las compensaciones crean inercias que condicionan su evolución en el largo plazo. Se vuelven "derechos inalienables" que absorben cuantiosos recursos, los cuales tendrían mejores resultados si fuesen destinados al desarrollo de una verdadera cultura del trabajo que se traduzca en la generación de nuevas fuentes de trabajo y riqueza.
La compensación hay que mantenerla, pero será coyuntural. Dejará de ser un asunto relevante a medida que el estímulo al espíritu emprendedor y la creación de un nuevo tejido productivo, facilite la participación de los hogares pobres en la generación y distribución de una creciente producción que contribuya a derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación.
En el Socialismo del siglo XX, la figura del empresario fue satanizada y reducida a la del explotador del trabajo ajeno y depredador del ambiente. Con el argumento de conjurar cualquier amenaza de restauración capitalista, se prohibió y penalizó el emprendimiento particular y colectivo, inhibiendo así la creación de empresas productivas. Esto originó una permanente escasez de los bienes y servicios más elementales para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población.
El Socialismo del siglo XXI no puede quedar preso de esas ideas muertas y obsoletas. Por el contrario, tiene que reconocer la importancia de promover el desarrollo de un nuevo tipo de empresario, comprometido con la construcción de un modelo productivo diferente, en el que se erradiquen las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.
La disposición que ha mostrado el presidente Nicolás Maduro de atender los problemas que afectan al sector privado, representa una oportunidad para que los empresarios demuestren que pueden constituirse en una poderosa fuerza motriz de las grandes transformaciones sociales que el país necesita.
En lugar de limitarse a exigir la liquidación de las divisas que el Gobierno les vende subsidiadas -a un cuarto del precio que indica el mercado-, la empresa privada está llamada a ser cada vez más propositiva y a salir de su ghetto empresarial para tejer vínculos más estrechos con sus trabajadores y la comunidad. Su interés supremo no puede reducirse a aumentar su ganancia y rentabilidad.
Figurar en el ranking de las empresas más rentables o competitivas puede ser importante para el orgullo de sus accionistas o dueños, más no para demostrar la importancia de la empresa privada en la construcción de una Venezuela libre de pobreza y exclusión.
Si el sector privado quiere convencer al país de su aporte al desarrollo humano integral, tiene que demostrarlo con hechos. Dicho más claramente, cuando las empresas puedan izar la bandera de la Micromisión Ribas porque ayudaron a sus trabajadores a alcanzar el bachillerato completo; cuando se ganen el estandarte de la Micromisión Sucre porque estimularon a los trabajadores a retomar sus estudios de educación superior; cuando puedan clavar la bandera de la Micromisión Vivienda porque toda su nómina tiene casa propia; cuando ofrezcan un espacio para instalar un Mercal y allí los trabajadores puedan adquirir, a precios solidarios, la comida que necesitan poner todos los días en la mesa de su casa; ese día la empresa privada, sin tener que renunciar a sus objetivos de ganancia y rentabilidad, empezará a ser vista como un factor comprometido con la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de la sociedad.
A diferencia de los neoliberales que nunca pudieron demostrar que una buena política económica es la mejor política social, el Gobierno Bolivariano ha demostrado que es al revés: una buena política social -al mejorar las condiciones de vida y minimizar los conflictos laborales-, termina siendo la mejor política económica. De allí la importancia que reviste para el propio sector empresarial contribuir a mejorar la eficiencia de la política social, abriendo sus espacios para desplegar las micromisiones sociales.
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