La empresa
privada venezolana ha vivido desde hace mucho tiempo en “situación de sospecha”, parafraseando a un ex-director
de la policía política, la DISIP. Se
sospecha que las empresas son una forma disfrazada de aprovechamiento de la
cosa pública., no una institución legítima para crear riqueza. Durante la era
colonial, solo era posible realizar una
actividad empresarial por gracia de la corona, tradición que se extendió
al período republicano. La riqueza petrolera, con el subsuelo en manos del
Estado, no hizo sino afianzar tal situación. De allí la creencia generalizada
de que toda fortuna en Venezuela tiene
origen político.
La economía
venezolana experimentó un crecimiento continuo desde 1920, fecha en la cual
comenzó la explotación petrolera, hasta 1978. La empresa nacional, privada y
pública, disfrutó de grandes oportunidades, sobre todo a partir de 1958, cuando el Estado adoptó una política activa para
su promoción y protección. Durante
veinte años el Estado promovió el desarrollo de la empresa privada por
todos los medios a su alcance.
A partir de 1978, la economía venezolana entró en un período de dificultades que se prolonga
hasta el presente. Las empresas nacionales comenzaron a sentir el impacto de la
devaluación, la reducción de la demanda y el control de cambios y de precios en
la década de 1980. Es, sin embargo, a partir de 1989 cuando se hace plenamente
presente el impacto de la crisis sobre las empresas con el desmantelamiento de
la anterior política de protección. En ese momento surgieron serias dudas
acerca de la capacidad de la empresa privada nacional para sobrevivir sin apoyo
del Estado. El gobierno planteó una política de apoyo a la reestructuración,
que tuvo escaso impacto real. Sin embargo, las empresas comerciales se
adaptaron sin mayor dificultad, convirtiéndose muchas de ellas en importadoras. Gran parte de las empresas manufactureras
lograron sobrevivir reduciendo la amplitud de sus líneas de productos,
mejorando la calidad de los mismos y la productividad de los procesos. Lo que
no lograron fue desarrollar una capacidad importante para la innovación. Se demostró
que eran menos dependientes de la protección gubernamental de lo que se
suponía, pero su legitimidad no aumentó significativamente a los ojos del
público.
La década de 1990 se ha caracterizado por una elevada
volatilidad en los dos elementos que determinan el comportamiento de la
economía venezolana: el mercado petrolero internacional y la política económica
adoptada por el gobierno. El mercado petrolero experimentó el auge de la Guerra
del Golfo en 1991, la caída de la Crisis Asiática en 1998, y el auge de la
recuperación en 1999 y 2000. La política económica pasó por la apertura y
reforma del gobierno de Pérez, la reacción antiliberal, los controles y la
crisis financiera de los primeros
años del gobierno de Caldera, la
liberalización a regañadientes de la Agenda Venezuela, en la segunda mitad de
su gobierno, y la incertidumbre del gobierno de Chávez.
Crecer en un invernadero
El fomento de la empresa privada nacional por
el Estado venezolano se remonta a la creación de la Corporación Venezolana de
Fomento en 1946. Entonces se comenzaron a consolidar algunos grupos
industriales nacionales como el Mendoza Goiticoa, el Delfino, el Mendoza
Fleury, el Machado-Zuloaga , el Vollmer,
Phelps, el Neumann, el Domínguez
y el Branger. En el ámbito
comercial y de servicios destacan los grupos Boulton, Blohm y Tamayo, de larga trayectoria. En la banca, los
Velutini, Pérez Dupuy, Salvatierra-Benacerraf y Lecuna. Entre 1940 y 1960
llegaron a Venezuela más de dos millones de inmigrantes europeos, sobre todo
españoles, portugueses e italianos. Muchos de ellos se establecieron como
empresarios, de la construcción,
metalmecánica, confección, muebles, transporte, comercio al por menor,
agricultura y servicios. Estaba todo por hacer, se contaba con apoyo del
Estado, de manera que no era difícil iniciar una empresa si se contaba con
espíritu emprendedor y los conocimientos necesarios.
La política
de sustitución de importaciones establecida a partir de 1958 dio nuevo impulso
a la empresa privada nacional y numerosos profesionales decidieron convertirse
en empresarios. Entre las medidas de
apoyo acordadas entonces a la industria destacan la protección arancelaria, los créditos blandos, la exoneración de impuestos
y derechos de importación, y las compras gubernamentales pautadas en el decreto
Compre
Venezolano. La entrada de Venezuela al
Acuerdo de Cartagena en 1971 significó la imposición de restricciones
considerables a la inversión extranjera como consecuencia de la aplicación de
la Decisión 24. Los empresarios nacionales enfrentaron una gran abundancia de
oportunidades de expansión lo cual dio lugar a la aparición de grupos muy
diversificados. Era inevitable que muchos de ellos mostraran conexiones con el
liderazgo político del momento.
Las empresas del Estado se multiplicaron,
paralelamente, con la creación a
comienzo de la década de 1960 de Cadafe, para el servicio eléctrico, y la
Corporación Venezolana de Guayana, para el desarrollo hidroeléctrico, el del
acero y el del aluminio. Las
telecomunicaciones estaban en manos del Estado después de la compra de CANTV,
la empresa telefónica en 1952. La nacionalización de las industrias del
hierro y el petróleo en 1975 incrementó
de manera significativa el papel del Estado en la economía. El punto de quiebre
del
desarrollo económico del país en 1978 coincide, paradójicamente, con el cenit
de la expansión de la empresa nacional, pública y privada.
La política
de proteccionismo y la abundancia de recursos
resultó en inversiones ineficientes tanto en las empresas públicas como
en las privadas. Esta tendencia se exacerbó durante el primer gobierno del
presidente Pérez, cuando a los recursos de la renta petrolera se sumaron los
del endeudamiento externo, propiciado por la banca internacional para reciclar
los llamados petrodólares. Entonces surgieron nuevos grupos empresariales al
calor del favor oficial. El modelo de
desarrollo pierde dinamismo a partir de 1978, cuando comienza a caer el
rendimiento del capital, seguido por el de
la productividad.
Cuesta abajo en la rodada
Cuando el
presidente Herrera llegó al poder en 1979, preguntando “¿Donde están los
reales?”, el país vivía un momento de pleno empleo que no se ha vuelto a repetir. Herrera adoptó
políticas de liberalización, incluyendo propiciar la salida de divisas para
“enfriar” una economía recalentada, dando inicio a una hemorragia de capitales que no se ha detenido en los más
de veinte años transcurridos. Al incremento de los precios del petróleo a más
treinta dólares por barril en 1978, como consecuencia de la caída del Shah de
Irán, siguió el derrumbamiento de precios de 1982, consecuencia de la reacción
de los países consumidores. El gobierno nacional optó por cerrar más el mercado
nacional y establecer un régimen de cambio diferencial a partir de
febrero de 1983. Hacia 1986 el petróleo
cayó a menos de 12 dólares por barril. El gobierno de Jaime Lusinchi decidió
incrementar el gasto público utilizando las reservas internacionales, para
mantener una bonanza aparente en espera del repunte de los precios
petroleros, y introducir un control de
precios que condujo al desabastecimiento.
En la
década de 1980 la empresa nacional se benefició de las medidas tomadas por el
gobierno para prolongar la vigencia del modelo de desarrollo basado en la renta
petrolera y el proteccionismo. El mercado nacional estaba más protegido que
nunca. Los créditos blandos ya no estaban disponibles para la industria pero se otorgaban generosos subsidios a la
exportación y a las actividades agrícolas. A mediados de la década las empresas
privadas nacionales fueron descritas como “jóvenes, muy diversificadas, apenas
competitivas, rentables, endeudadas, familiares, atrasadas en su
organización, y poco venezolanas en lo relativos a su tecnología y al origen de
sus dueños”
En 1989 las
reservas operativas internacionales se encontraban en 300 millones de dólares,
el país no podía honrar su deuda externa y el crédito internacional estaba
cerrado. No había otra salida que negociar con el Fondo Monetario
Internacional, el cual exigía la apertura de la economía como condición para su
apoyo. El nivel de protección arancelaria se redujo de 130 por ciento a 10 por
ciento en 1989 y 1990, y se eliminaron las prohibiciones de importación. Sin
embargo, los sectores productores lograron adaptarse, en contra de lo
anticipado. Esto fue posible, en buena parte, debido a que la unificación de la
tasa de cambio en 1989, que eliminó el anterior régimen de cambio
diferencial, entrañó una considerable
devaluación de la moneda. La industria
manufacturera reaccionó a la apertura del mercado mejorando su eficiencia y la
calidad de sus productos.Muchas corporaciones
redujeron su diversificación, cerrando o vendiendo algunos de sus negocios
Paralelamente
se produjo la apertura a la inversión extranjera. La Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena había
sido reemplazada por la Decisión 220, mucho menos restrictiva, en 1987 y ésta
por las 291 y 292 en 1991, en momentos en que todos los países andinos se
estaban abriendo de forma unilateral al comercio y la inversión.
El programa
de ajuste aplicado por el gobierno en 1989, y la política de apertura suscitaron
una enconada oposición no tanto de los productores mismos sino de los partidos
políticos y organizaciones sindicales y gremiales que vieron amenazados sus
privilegios. El no reconocer las
pérdidas cambiarias generadas por la
deuda externa privada obligó a muchas empresas a afrontar grandes pérdidas y le
granjeó importantes adversarios al
gobierno. En 1990 y 1991 se había producido un repunte en la inversión privada
y un incremento en el crecimiento económico, el empleo y el salario real, con la consiguiente
disminución de la pobreza gracias, en parte, al incremento en los precios del
petróleo y en parte a los efectos del ajuste y liberalización. Se dio inicio a
las privatizaciones con la venta del 40 por ciento de Cantv al consorcio
liderado por GTE y de Viasa, la línea aérea bandera, comprada por Iberia.
Rafael
Caldera basó su campaña electoral en la promesa de revertir las reformas
económicas emprendidas por el gobierno de Pérez. Implantó el control de cambios
y de precios en 1994 pero no llegó a dar
marcha atrás como se esperaba en la apertura comercial ni en las
privatizaciones. En abril de 1996 adoptó una política económica similar a la
que había combatido, que comprendía el
intento de privatizar las empresas del Estado, pero que resultó menos exitosa
que la anterior.
La caída del
Banco Latino precipitó la crisis financiera de 1994 que llevó a la intervención
de 18 bancos, cuyo tamaño era equivalente al 60
por ciento de la capacidad del sistema financiero, y
otorgó auxilios financieros que
ascendieron a 1,8 billones de bolívares. Como
resultado se produjo un retroceso la
empresa privada nacional en el sector financiero. El Banco Provincial fue
adquirido por el Bilbao Vizcaya de España y el Banco de Venezuela por el Banco
de Santander de la misma nacionalidad, el Banco Consolidado fue adquirido por
Corpbanca, un grupo chileno, y Fivenez por el Banco Popular del Ecuador.
Algunos bancos importantes fueron cerrados, como el de Maracaibo, el Progreso
y de la Construcción. Sobrevivieron algunos
de los grupos financieros nacionales más importantes como los Bancos Caracas,
Unión, Caribe, Venezolano de Crédito y Mercantil.
El gobierno
del presidente Caldera utilizó el anclaje de la tasa de cambio para combatir la
inflación y el incremento en las tasas de interés para desestimular la fuga de
divisas. Las empresas manufactureras se
vieron afectadas por la combinación de apertura del mercado interno, elevadas
tasas de interés y moneda sobrevaluada
Sobrevivientes de la debacle
Algunos de
los grupos empresariales más importantes se desmoronaron como consecuencia de
este conjunto de factores. El grupo Mendoza Goiticoa, que llegó a ser el más
relevante del país, quedó prácticamente
desmantelado. De sus principales empresas, el Banco La Guaira fue cerrado, Vencemos fue vendida a Cemex de México,
Venepal a sus gerentes, Grupo Químico a un grupo colombiano. La
Organización Cisneros vendió algunas de
sus empresas más importantes, como los supermercados CADA y las tiendas
MAXY”S, adquiridas por compradores colombianos,
y adquirió otras en el exterior, convirtiéndose en un grupo
internacional. Corimon fue adquirido por accionistas del Grupo Polar. El grupo
Boulton perdió Seguros La Seguridad. El Grupo Zuliano, el más importante del
occidente del país, se desmoronó con la caída del Banco de Maracaibo y de sus
empresas petroquímicas
El gobierno
del presidente Chávez no ha tomado medidas hostiles hacia la empresa privada y
en sus primeros años adoptó una política económica más bien conservadora y
centrada en combatir la inflación. Sin embargo, su discurso populista y su
retórica revolucionaria ha hecho poco por promover la confianza de los
inversionistas y ha contribuido a la
caída del valor de las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de
valores. Ello condujo a la adquisición hostil de La Electricidad de Caracas por
la empresa estadounidense AES en 2000, lo cual representó un hito en el
retroceso de la empresa nacional. Sivensa, una empresa con una alta proporción
de ventas de exportación, ha estado amenazada por compras hostiles. Los
accionistas de otras empresas importantes que cotizan en la bolsa han optado
por venderlas, como es el caso de Mavesa adquirida por Polar en 2001.
Los grupos
empresariales que mejor han sobrevivido los avatares de la última década han
sido de capital cerrado. El grupo Polar ha crecido con incorporación de la
embotelladora de Pepsi Cola, la diversificación hacia hipermercados, a través
de Makro, y hacia la industria petrolera. La adquisición de Mavesa la
consolidaría como una de las empresas de alimentos y bebidas más importante del
América de Sur. El Grupo Cisneros ha vendido
su participación en Hit de Venezuela, ahora embotelladora de Coca Cola,
y en Telcel, la empresa líder de telefonía celular. Su hermana la Organización
Cisneros, como se dijo, se ha quedado
con Venevisión en Venezuela y ha invertido en comunicaciones en Estados Unidos
y otros países pasando a ser una empresa internacional. Inelectra, la empresa
líder en ingeniería, ha crecido de manera importante y ha establecido una
filial en Colombia.
La empresa en la economía política bolivariana
En la
década de 1990 han surgido nuevas empresas, aunque no en número o tamaño
suficiente para reemplazar a las que han desaparecido. Acerca se ha convertido
en la principal aerolínea del país, mientras que Aeropostal ha mostrado una
notable recuperación. El Grupo Sambil ha realizado importantes inversiones
en
centros comerciales. El Grupo Sultan ha creado grandes cadenas de tiendas
aprovechando la libertad de importación y la sobrevaluación de bolívar. El
gobierno bolivariano ha tratado de estimular el surgimiento de un nuevo
empresariado que reemplace al existente, considerado como producto de los
favores de los gobiernos precedentes. Sin embargo, ha tenido poco éxito en este
empeño. Inclusive, grupos nuevos como el de
Multinacional de Seguros, que apoyaron al presidente Chávez en su
campaña electoral, han terminado por volverse hostiles al gobierno.
El modelo
económico del gobierno del presidente Chávez
parece ser de carácter emergente, siendo creado sobre la marcha sin
contar con un plan detallado que guíe su desarrollo. Sin embargo se pueden
observar las grandes líneas que lo conforman. Se puede resumir diciendo que se
trata de un modelo que privilegia a los pequeños productores, sean artesanos,
comerciantes informales (buhoneros) o parceleros. y a la empresas del Estado.
Combina el mercado como institución de
intercambio, con la planificación central como medio para imprimir racionalidad
social a la economía. Aspira a impulsar
el surgimiento de u nuevo empresariado nacional, más productivo y nacionalista. Tolera la
presencia de las empresas multinacionales, a pesar de considerarlas
instrumentos de dominación económica de las potencias hegemónicas, dado que
oponerse a ellas supondría confrontar directamente a los países desarrollados.
Se ha enfrentado al empresariado nacional, agrupado a Fedecámaras, no solo por
razones ideológicas, sino por la capacidad de los empresarios para asumir
posiciones políticas y financiar a la oposición.
Sin
embargo, de este modelo únicamente ha logrado avanzar en el fomento de la
economía informal, favoreciendo a los “buhoneros” frente al comercio establecido. La pérdida de
unos dos millones de empleos formales durante los tres primeros años de
gobierno, cuando la fuerza de trabajo se estima en once millones, ha alimentado involuntariamente el sector
informal, el cual ocupa más del 55 por ciento de la fuerza de trabajo en 2002.
De cara al siglo ventiuno
Después de treinta años de promoción oficial dela empresa
privada nacional, y veinte de decadencia, hemos regresado a una situación no
tan diferente a la existente en la década de 1950, excepto que las industrias
petrolera, petroquímica y del aluminio están en manos de Estado y los
medios de comunicación permanecen en manos privadas nacionales. Las empresas
multinacionales han retomado su preponderancia anterior en los sectores en los
cuales se les ha permitido incursionar, como la banca, la manufactura y las telecomunicaciones,
incluyendo algunos donde nunca la
tuvieron, como electricidad. La retirada de la empresa privada nacional se debe
tanto a factores externos como internos. La globalización ha reforzado el protagonismo de las empresas multinacionales y ha llevado a
que sectores que eran anteriormente territorio de la empresa nacional en casi
todos los países, como cemento, bebidas gaseosas y cigarrillos, sean dominados
por ellas. Por otra parte, las políticas proteccionistas sirvieron para crear
empresas poco competitivas pero la mayoría mostró una inesperada capacidad de
adaptación frente a la apertura.
Más difícil fue sobrevivir a los vaivenes de la
política económica, a una crisis financiera agravada por la torpeza del
gobierno, a la combinación de apertura de mercado, contrabando y
sobrevaluación, y a la inestabilidad
política y social de los últimos años. Es cierto que una parte de las empresas
privadas nacionales estaba destinada a sucumbir o a cambiar de manos ante los
embates de la globalización, pero las políticas erráticas de la década pasada
multiplicaron ese impacto más allá de
toda proporción.
Hacia un nuevo modelo de relación
La economía
venezolana debe superar su dependencia de la renta petrolera para retomar la
senda del crecimiento. Para ello
se requiere recuperar la confianza para invertir y crear condiciones macroeconómicas
favorables. En particular, es necesario evitar la sobrevaluación de la tasa de
cambio. También es necesario reducir a volatitilidad de la economía, producto
de los vaivenes del mercado petrolero. Esto puede lograrse con una política
petrolera de alto volumen y precios bajos, que reduzca el componente rentista
del ingreso.
Sin embargo, no es de probable un cambio en la propiedad del subsuelo por parte del Estado, ni una
reducción excesiva de la preponderancia de la explotación petrolera en la
economía nacional. En consecuencia, es de esperar que se mantenga vigente la
importancia del Estado como motor de la economía. De ser así, es fundamental
desarrollar una relación constructiva entre sector público y sector privado
como base del desarrollo económico del país. Como referencia de esta relación
público privada se puede citar gran número de experiencias internacionales
siendo la más emblemática la del MITI japonés y su papel en el desarrollo de sectores industriales competitivos en
Japón en la segunda mitad del siglo XX.]
También se conocen experiencias
europeas, como el desarrollo de Airbus como un productor aeronaútico de
importancia global, y el caso de la
industria de defensa de los Estados Unidos.
La relación
de cooperación público-privada ha sido conceptualizada en el modelo del
Diamante Estratégico, el cual especifica las áreas de intervención del gobierno
para apoyar el incremento de la competitividad de los sectores
productivos. Este
modelo se basa en el del Diamante de Porter, utilizado para analizar las
fuentes de ventaja competitiva de los sectores productivos. Los cuatro grupos de determinantes de la competitividad planteados por Porter
son: condiciones de los factores de producción, los cuales divide en heredados
y creados; condiciones de la demanda; industrias relacionadas y de apoyo; y
estructura del sector y estrategia y rivalidad de las empresas.
El diamante estratégico plantea el
papel que puede jugar el Estado en cada uno de estos ámbitos. En relación con
los factores de producción, el Estado venezolano ejerce el control de la
mayoría de los recursos heredados. Estos incluyen los yacimientos minerales y
de hidrocarburos, los bosques y las aguas, el gas y la hidroelectricidad, las
atracciones turísticas naturales e
históricas. Algunas las maneja directamente, como la minería del hierro y la
bauxita, otras mediante concesiones, como el gas y los yacimientos auríferos.
El Estado interviene igualmente en la creación de factores avanzados,
incluyendo la tecnología, como en el caso del INTEVEP para las investigaciones
petroleras, la formación de los recursos humanos, a través de las universidades
y centros de entrenamiento, el financiamiento de proyectos, y la infraestructura específica como la de
riego y silos en el caso de la producción agrícola.
En relación con
la demanda, el Estado puede intervenir en la
creación de mercados mediante las
compras gubernamentales y las políticas que propicien la sustitución eficiente
de importaciones. No se trata de la creación artificial de mercados, sino de
establecer condiciones mínimas para hacer factible la producción nacional.
Se puede mencionar como ejemplo la creación de mercado por parte de Petróleos
de Venezuela para las empresas nacionales de ingeniería. Un segundo papel que
puede jugar el Estado en relación con la demanda consiste en elevar el nivel de
exigencia para impulsar a los productores
a mejorar la calidad. Este efecto se puede lograr mediante el establecimiento
de normas oficiales o mediante las especificaciones en las compras
gubernamentales, como en el caso de los
referidos proyectos de ingeniería contratados por las empresas petroleras.
En relación con las industrias relacionadas y d apoyo,
uno de los hallazgos de Porter consiste en que los sectores exitosos en el
mercado internacional suelen ser parte de un cluster o agrupamiento industrial.
El Estado puede propiciar la conformación de clusters mediante el estímulo a la
inversión en eslabones faltantes en las cadenas industriales y para la
instalación de proveedores especializados. Entre las medidas se encuentran la
exoneración de impuestos, la dotación de terrenos industriales y la dotación e
condominios industriales para PYMES. También puede ayudar a suplir las
carencias de los cluster nacionales propiciando alianzas internacionales, por ejemplo, para el
suministro de maquinaria y equipos que no se fabrican en el país.
El cuarto elemento del Diamante Estratégico se refiere
a la dinámica empresarial en el sector. El Estado puede propiciar la
competencia interna o la consolidación de empresas mediante fusiones o
adquisiciones, según se requiera para fortalecer el sector. Por ejemplo, México
propició la consolidación interna de su sector cemento, permitiendo a Cemex la
adquisición de otras empresas como preámbulo a su incursión en el mercado
global. El Estado puede propiciar la competencia entre empresas en el mercado a
la vez que estimula la cooperación en otros aspectos, Como la investigación
tecnológica y los consorcios de exportación.
Para que la cooperación público-privada resulte en el
fortalecimiento competitivo de la economía cada acción a tomar debe tener como
norte apoyar y dirigir las fuerzas del mercado, en lugar de oponerse a ellas o
pretender suplantarlas. Se requiere que los empresarios aprendan a utilizar el
poder del Estado para potenciar sus propias capacidades de cara a los mercados
nacionales e internacionales, no para obtener rentas, como ha sucedido en el
pasado.
